“La salud mental está en emergencia”: expusieron falta de inversión, profesionales e incumplimiento de leyes en San Luis

En “emergencia” y con cierto desamparo está la salud mental en San Luis. Los inconvenientes solo son conocidos por quienes deben recurrir para buscar asistencia y contención en el sistema público. Pero al hacerlo se encuentran con diversos obstáculos y trabas.

En este contexto, desde hace un par de meses se conformó el Colectivo Relámpago. Se trata de un grupo de personas autoconvocadas que buscan un efectivo acceso al derecho a la salud mental. Tienen una organización horizontal, colectiva y autónoma.

A través de las redes sociales, han dado cuenta de las incontables problemáticas que han vivido en primera persona, problemáticas que no permiten un correcto acceso al derecho que ampara a toda la población por ley.

A través de un documento de siete páginas, pormenorizaron el panorama de la salud mental en San Luis. En el informe que enviaron a El Chorrillero hicieron alusión a una serie de situaciones que pueden resumirse en cuestiones sobre el personal, la internación, la atención de forma externa y lo edilicio.

Desde la creación, han mantenido audiencias con autoridades del Gobierno provincial donde inicialmente escucharon las demandas, pero más tarde se encontraron con contradicciones y negativas sobre la realidad que viven.

“Si bien hemos logrado algunos compromisos queremos expresar que no estamos conformes ni satisfechos respecto a los resultados de esta articulación con el Gobierno provincial”, advirtieron.

Fundamentaron esto en que “sus respuestas siempre son tardías, cuando son problemáticas que tienen décadas perpetuándose”. A su vez, afirmaron que muchos de los reclamos fueron “minimizados o desoídos”, y que las contestaciones de los funcionarios “no son representativas de la urgencia y la necesidad”.

“Entendemos que en San Luis la salud mental está en emergencia, de ahí que estos reclamos necesitan ser respondidos inmediatamente. Hay cosas del orden de la limpieza, mantenimiento y de los problemas administrativos que son una cuestión de voluntad política”, aseveraron.

Entre los puntos, piden el cumplimiento de las leyes que están vigentes y que se garantice la aplicación en las instituciones de salud de toda la provincia. Y al mismo tiempo, que se implementen normativas para concretar esto.

Sin embargo, son más numerosos los reclamos y las necesidades que enfrentan a diario. Consideran que existen múltiples falencias que van desde la capacitación que tiene el personal, hasta problemas edilicios. En el medio surgen cuestiones vinculadas la atención o internación de los pacientes.

En el petitorio que elaboraron y elevaron al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá plantearon el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, fundamentalmente en lo que respecta “al carácter integral de salud mental que plantea la ley como derecho”. Sumaron a eso “el vacío de programas de rehabilitación y salud comunitaria que posibiliten la inclusión social y laboral”.

De la misma manera, solicitaron que se revise el protocolo de ingreso al Servicio de Guardia del nosocomio, “tanto del personal de salud como el accionar de la Policía”.

Revelaron que San Luis solo cuenta con un solo psiquiatra infanto-juvenil. Además, el sistema no brinda acompañamiento para “las madres que maternan solas y se encuentran en tratamiento psicoterapéutico”.

Exigieron una real formación de todas las personas que se desempeñan en el Hospital Escuela de Salud Mental, principalmente en la identidad de género.

Denunciaron que son “víctimas de incontables violencias” respecto a los pronombres, y reciben cuestionamientos sobre sus cuerpos, formas de vestir y al expresarse como personas travestis, trans y no binaries.

Por otro lado, indicaron que carecen de profesionales con especialización en temáticas específicas, como aquellos destinados a la articulación entre los pacientes y sus familias.

En relación a las cuestiones edilicias, detallaron que existe una sola habitación individual en todo el Hospital de Salud Mental. “Si es precisada por más de una persona, quien no acceda duerme en los pasillos”.

“No existen habitaciones ni salas de internación que contemplen nuestras identidades travestis, trans y no binaries. Tampoco espacios de internación para infancias y adolescencias diferenciado de los adultos”, añadieron. E hicieron referencia a la ausencia de lugares para que niños se reúnan con sus padres o madres.

Asimismo, contaron que ante el faltante de camas suelen dar de alta a los internados, incluso cuando “han expresado no estar preparados para retirarse”.

Precisaron en concordancia que no hay “ni un sólo espacio de recreación, talleres o propuestas lúdicas y artístico-terapéuticas”, a lo que sumaron la “falta de mantenimiento en espacios verdes”, de “recolección de basura en espacios comunes: comedor, patio, habitaciones”.

En otro de los tramos, se detuvieron en la atención externa. Detallaron que “los turnos para seguir el tratamiento psicoterapéutico son cada 30 o 45 días aproximadamente a causa de la falta de personal de psicología y de psiquiatría”. Y precisaron que “tampoco hay seguimiento durante ese tiempo de espera”.

“Se entrega la medicación completa (que cubre alrededor de 30 días) sin tener consideración respecto de las personas que no podemos gestionarla de manera autónoma”, indicaron.

También apuntaron al “reemplazo” de los remedios: “Por cuestiones administrativas de Droguería Central del ministerio de Salud existe faltante de medicación en distintos periodos del año, esto provoca efectos adversos”.

“No existen dispositivos intermedios externos que garanticen contención de rehabilitación y continuidad de cuidados de la salud mental. No existen programas de rehabilitación laboral y económica que recuperar su propia autonomía. No hay ningún tipo de apoyo de reinserción social a enfermos mentales crónicos que se encuentren en situación de extrema marginalidad o sin hogar”, siguieron.